El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) -dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- ha publicado las bases de una nueva convocatoria de su iniciativa estratégica de Compra Pública Innovadora (CPI) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los fondos europeos Next Generation. El propósito es la creación de soluciones en ciberseguridad para distintos públicos objetivo.
A través de la iniciativa de CPI, Incibe canalizará al mercado un total de 137,2 millones de euros que elevan la cifra global del proyecto, tras la primera convocatoria publicada el 1 de julio de 2022, hasta los 224 millones, mediante contratos en el marco de la Compra Pública Innovadora.
El objetivo es impulsar la innovación en ciberseguridad en el conjunto de la sociedad, pymes y sectores estratégicos mediante la creación de soluciones competitivas, y desarrollar una política de innovación dirigida a fortalecer las capacidades de la industria.
La convocatoria, que permite la coinversión de Incibe, se articula mediante la definición de 30 retos o necesidades de alto potencial, resultado de la experiencia del Instituto y su conocimiento como entidad competente en la materia, así como de la consulta pública al mercado lanzada en 2021 y que registró un total de 281 propuestas presentadas para el conjunto de actuaciones.
Retos de la convocatoria de CPI
Cada uno de los retos responde a una necesidad en materia de ciberseguridad que no está actualmente cubierta en el mercado y sobre la que existe una alta demanda por parte de la industria. Asimismo, esa iniciativa se marca cuatro objetivos: reforzar la confianza digital, minimizar la brecha digital, reducir la brecha digital de género y mejorar los servicios públicos.
Los retos definidos persiguen la creación de soluciones en ciberseguridad para distintos públicos objetivo, tales como pymes, sectores estratégicos o sector público, entre otros. Las entidades que quieran participar pueden enviar sus proyectos en los 60 días hábiles siguientes desde la publicación del documento regulador.
Asimismo, los retos recogen necesidades en ciberseguridad, como el desarrollo de la ciberresiliencia de la cadena de suministro, soluciones innovadoras para redes 5G, detección de víctimas de ciberdelitos, sistemas para el seguimiento de cripto-transacciones o mejoras de los centros de operaciones de seguridad para sectores como la industria química, de la alimentación, la salud o el transporte, entre otros.
Presupuesto y selección de proyectos
El presupuesto de los proyectos deberá plantear que la inversión de Incibe esté comprendida entre un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 1,5 millones. Cada uno de los retos debe ser cubierto por un mínimo de dos contratistas con ofertas y proyectos independientes entre sí para asegurar la competencia.
En esta nueva convocatoria se prevé la selección de entre 100 y 450 proyectos, liderados por entidades de manera individual o en consorcios incluyendo pymes u organismos de investigación. Estas entidades podrán, a su vez, subcontratar parte de los trabajos de I+D+i a otras en el marco del proyecto.
Comprador y contratista compartirán riesgos, beneficios e inversión, según lo establecido en las bases, especialmente en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial; y se ha planteado una coinversión mínima del 4% por parte de la entidad adjudicataria.
